Hace una década, un grupo de entidades de la sociedad civil de Tucumán creó la comisión del Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta mesa estaba integrada por miembros del Grupo Alberdi, de Faro Ciudadano, y de los colegios de Escribanos; de Graduados en Ciencias Económicas y de Abogados de la Capital y del Sur. El objetivo de la comisión era divulgar los estándares internacionales de la ética pública y concientizar sobre la necesidad de actualizar la Ley 3.981, de 1973, que confirió carácter secreto a las declaraciones juradas (ddjj) de los funcionarios públicos tucumanos.
Con el tiempo, el grupo se disolvió. Y, pese a las campañas que desarrolló y a las peticiones que elevó, no consiguió convencer a la mayoría legislativa oficialista sobre la necesidad de reformar una norma que penaliza la publicidad de las ddjj (cumplirá 40 años en vigor en julio próximo), y de legislar sobre obsequios e incompatibilidades vinculados a la función pública. "No hay voluntad política de ahondar en ese tema. Es mi conclusión como ciudadana", expresa la ensayista Teresa Piossek, del Grupo Alberdi. Su compañero en esa organización, el abogado Clímaco de la Peña (fue ministro de Gobierno y fiscal de Estado de la gestión de Celestino Gelsi) denuncia la opacidad del Estado y la tendencia sistemática a eludir la publicidad de los actos de los funcionarios: "aquí ha desaparecido la publicidad de las licitaciones, requisito que ya fue incluido en la Constitución de 1907".
Impotencia/omnipotencia
El letrado polaco radicado en Tucumán y ex miembro de Faro Ciudadano, Ireneusz (o Ireneo) Zigmunt, afirma que urge revertir la falta de transparencia que impera en Tucumán. "Necesitamos hablar de ética, debatirla. La corrupción llegó a un nivel insoportable. Hay que decir basta. La prueba es el resultado del juicio del caso 'Verón' (en diciembre pasado, el tribunal absolvió a los 13 acusados de secuestrar y promover la prostitución de María de los Ángeles 'Marita' Verón). Hay un hartazgo en la sociedad y permanecer en silencio es ser cómplice de la situación", opina Zigmunt, que en el presente forma parte del grupo Indignados Tucumán. El activista considera que es más que obvio que la política se vive como una posibilidad de enriquecimiento personal: "se escuchan acusaciones muy graves, pero, hasta el momento, la Justicia no condenó a ningún corrupto. ¿Es que Tucumán no tiene corrupción? Hay un sentimiento de impotencia en el ciudadano y de omnipotencia del poderoso. La gente está cansada pero, por desgracia, la realidad económica es muy dura y aquí hay mucha gente vinculada laboralmente al Gobierno".
Según Eudoro Aráoz, ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital y ex concejal de la Capital (UCR), en la provincia se vive un clima de permanente violación de los postulados de la ética pública. "Los funcionarios usan el patrimonio del Estado como si fuese privado", definió. Y ejemplificó: "el gobernador José Alperovich dictó disposiciones tributarias que favorecen a sus concesionarias de autos (aplicó el impuesto de sellos a las compraventas de vehículos adquiridos a contribuyentes no inscriptos en ingresos brutos en la provincia). Y él y su familia emplean permanentemente la flota de aviones sanitarios de la provincia para viajes particulares. Ética pública es publicidad en su máxima expresión, es voto electrónico, es motivación de los actos, es la prohibición de gobernar en beneficio del gobernante y de adulterar el sistema republicano".